En La prensa
ONU aconseja al Estado chileno subir salario mínimo para permitir vida digna Lino Solís de Ovando G.
5 de Enero del 2005 Conclusión del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Naciones Unidas critica el sueldo mínimo que rige en el país en observaciones a informe generado a partir de compromisos internacionales. ONU también solicita que el gobierno, en su próximo reporte periódico, ''proporcione información más detallada sobre la relación entre el salario mínimo y la canasta básica de alimentos''.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en sus observaciones finales al tercer informe que entregó Chile, cumpliendo así con la aplicación del homónimo Pacto Internacional, aconseja ‘’al Estado Parte que adopte medidas con el fin de asegurar que el salario mínimo sea suficiente para que los trabajadores y sus familias lleven una vida digna, y que en su próximo informe periódico proporcione información más detallada sobre la relación entre el salario mínimo y la canasta básica de alimentos’’.

La categórica sugerencia del organismo internacional, que a través de sus pactos vela por el cumplimiento de los derechos humanos en su más amplio espectro, fue redactada el 1 de diciembre pasado, en respuesta a una escuetísima explicación chilena por una observación anterior que realizara Naciones Unidas en el mismo sentido.

En su oportunidad, cuando el organismo solicitó ‘’sírvase aclarar si el salario mínimo vigente es suficiente para proporcionar unas condiciones de vida dignas para los trabajadores y sus familias’’, la respuesta del gobierno de Chile fue la siguiente: ‘’De acuerdo a lo consultado, cabe señalar que el salario mínimo vigente es suficiente para proporcionar condiciones de vida dignas’’, dejando de agregar mayores argumentos a un tema esencial en la defensa de los derechos humanos.

Debido a la anterior argumentación, o mejor dicho, al escueto comentario, es que ONU decidió finalmente ratificar su parecer, que se deben ‘’adoptar medidas con el fin de asegurar que el salario mínimo sea suficiente para que los trabajadores y sus familias lleven una vida digna’’.

Oficina de Cancillería

El informe redactado por el gobierno chileno, y que en el tema de salario mínimo no coincide con la visión que tiene Naciones Unidas, fue redactado por el departamento de Derechos Humanos de Cancillería, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores. El citado departamento es dirigido por Amira Esquivel, y fue redactado, entre otros, por la abogada Carmen Bertoni.

En una de las sesiones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, fue la recién asumida titular de Mideplan, Yasna Provoste, quien habría defendido uno de los informes entregados por el gobierno chileno. En dicha ocasión, Provoste habría asegurado que, en materia indígena, por ejemplo, el país tenía superado la problemática. Prueba de aquello era que ella estuviera presente en el salón de Ginebra, ya que por sus venas corría sangre diaguita.

Informe alternativo

Atención especial dedica la ONU a los informes paralelos que desarrollan los grupos no gubernamentales, con el objetivo de compararlos con lo que entrega cada gobierno imperante. En el caso de Chile, fue el Capítulo Chile Ciudadanía de la Plataforma Interamericana, Democracia y Desarrollo (Pidhdd) –conformado por Forja, Capítulo Chile del Ombudsman, Fundación Ideas, La Morada, PET, Renace, Codepu y el Instituto de la Mujer, entre otros-, el encargado de coordinar el informe paralelo de la sociedad civil sobre la situación de los derechos económicos, sociales y culturales.

En el caso específico del salario mínimo, el Capítulo Chile estableció en noviembre de 2004 la necesidad de ‘’la fijación de un salario mínimo progresivo no inferior a US$400, en reemplazo de los actuales US$192 que señala la ley. En subsidio, a lo menos solicitamos igualar el salario mínimo del sector privado, al último grado de la escala única de sueldos del sector público y una bonificación para locomoción, elevándose en consecuencia a los básicos US$240’’.

Impresentable argumento

Yanira Godoy, abogada del Programa de Economía del Trabajo (PET-Chile), comenta que el gobierno chileno debía haber informado del estado de estos derechos cada cinco años, situación que no ocurrió hasta el año pasado.

‘’Es decir, ha entregado uno de tres, o condensó tres en uno, situación que luego de algunas conversaciones le permitió presentar el informe 2004 con el rótulo de Tercer Informe’’, recuerda la abogada.

Godoy afirma que le resulta impresentable que el gobierno, incluso en dos oportunidades, haya afirmado que el salario mínimo es suficiente para mantener una vida digna de las personas. ‘’Lo interesante es que a pesar de la respuesta, el Comité igualmente responde que le sigue preocupando el actual salario mínimo en Chile. No les creyeron’’, agregó.

En relación al informe paralelo del Capítulo Chileno, del cual es coautora junto al abogado Diego Carrasco, de Forja, señala que ‘’en general hay críticas de fondo a la manera en que se ha enfocado el tema del salario mínimo en el país. Ciertamente hay una política del gobierno que no toma en cuenta aspectos básicos para asegurar una vida digna a los trabajadores’’.

‘’No es suficiente el salario mínimo, así como también hay alarma en el extranjero por la intención de ir en contra del principio de progresividad en el derecho de licencias maternales para mujer con hijos menores de 1 año’’, finalizó Godoy.


Clase media: La pobreza les pisa los talones Carmen Espinoza Miranda
La Nación, Domingo 31 de Octubre de 2004

La clase media se seguirá empobreciendo, porque además de vivir una vida llena agobios mientras se es trabajador, el sistema de pensiones vigente condena a los trabajadores a una jubilación exigua que en ningún caso le permitirá mantener su estándar de vida después de dejar de ser económicamente activo. Se sabe que muchos trabajadores no podrán optar ni siquiera a la pensión mínima y la mayoría de los que accederán a ella, lo harán con la garantía estatal.

Según un estudio reciente de ASEXMA, somos el tercer país con más clase media en latinoamérica después de Costa Rica y Uruguay. Se considera, en este estudio, clase media a los que tienen como ingreso mensual entre 60 mil y 550 mil pesos chilenos, un rango, a decir lo menos un poquito amplio, sobre todo considerando que la remuneración no es el único factor a considerar, sino la existencia de redes sociales de apoyo, capital social, infraestructura familiar acumulada, educación de los integrantes y un ingreso de 92 dólares mensuales definitivamente no es un ingreso que permita cubrir las necesidades básicas de nadie. Además, la clase media chilena no se puede comparar con la clase media de Costa Rica o Uruguay, pues en aquellas sociedades la seguridad social y el acceso más equitativo a bienes y servicios para resolver las necesidades es incomparable.

En Chile el 20 por ciento más pobre de la población recibe sólo el 3,3 por ciento de los ingresos totales del país, mientras el 20 por ciento más acaudalado obtiene el 62,6 por ciento de acuerdo a las cifras del “World Development Report 2005”, elaborado por el Banco Mundial.

La clase media está empobrecida producto de los grandes cambios que ha sufrido el entorno productivo laboral. Los trabajadores en Chile hoy están obligados a adaptarse a las condiciones del mercado sin posibilidad de aspirar a la justicia social ni al ejercicio de sus derechos laborales. Tanto los que tienen un trabajo remunerado dependiente como los autoempleados, sufren los efectos de la inestabilidad y presión por una mayor productividad y por la flexibilidad a que los obliga un modelo brutal.

Los trabajadores no están suficientemente protegidos por la ley ni existe fiscalización suficiente, eficaz y eficiente. Es más existe la paradoja que los funcionarios de la Dirección del Trabajo, los que deben fiscalizar el cumplimiento de la ley laboral, deben recurrir a movilizaciones de paralización para que el gobierno cumpla con la regularización de contratos de planta y asignaciones mínimas para desarrollar sus funciones. Acaba de terminar un conflicto que extrañamente no tuvo gran cobertura en la prensa y que terminó, a pesar de la opinión contraria de los trabajadores, por las presiones indirectas de amenazas de obligar a reanudar faenas aplicando la ley de seguridad del Estado y de sumariarlos a todos . Los dirigentes debieron privilegiar lo poco ganado: que no se hagan sumarios y un plan de aumentos de asignación progresivo en los próximos dos años, y que después se vea lo de la ley de planta, pero quedo pendiente el descuento de los días trabajados. En el desarr ollo del conflicto del movimiento, el mundo del trabajo debió sufrir además la perdida de la Directora del Trabajo, la abogada María Ester Feres, quien por muchos años tuvo una clara postura de defensa de los derechos de los trabajadores y de diálogo con las organizaciones sindicales.

Pero la clase media además se seguirá empobreciendo, porque además de vivir una vida llena agobios mientras se es trabajador, el sistema de pensiones vigente condena a los trabajadores a una jubilación exigua que en ningún caso le permitirá mantener su estándar de vida después de dejar de ser económicamente activo. Se sabe que muchos trabajadores no podrán optar ni siquiera a la pensión mínima y la mayoría de los que accederán a ella lo harán con la garantía estatal. El gasto denominado garantía estatal a las pensiones mínimas, uno de los compromisos legales ineludibles del Estado, se duplicará en cinco años y sólo el 2004 tendrá un aumento de 13 por ciento, respecto del actual ejercicio fiscal de acuerdo a estudios de Hacienda.

Estos datos preocupan al gobierno por los costos que presionan el presupuesto y se aprontan a modificar el sistema, para asegurar que el fisco no acumule pasivos impagables con un Estado gibarizado. Sería muy interesante que además la preocupación del gobierno se manifestara en el monto de las pensiones y que las soluciones legislativas no significaran ni aumento de porcentaje ni más años en las cotizaciones y que se considerara, sin temor a los empresarios, el aporte patronal como contribución al déficit sin afectar las remuneraciones de los trabajadores ni los derechos adquiridos.

Este es el Chile de los grandes logros macroeconómicos y las persistentes inequidades. Este es el Chile de los Acuerdos Comerciales y los primeros lugares en el mundo en competitividad, seguridad, apertura pero también de inequidad e injusticia social. Lo peor es que esto no parece tener muchos caminos de solución, pues la clase media empobrecida, los trabajadores mal tratados y las familias sin esperanzas están renunciando a participar y la renuncia a la participación finalmente es una amenaza a la democracia. Y sin una democracia verdadera difícilmente se superarán las inequidades. LND


* Abogada, directora del Programa de Economía del Trabajo, PET-Chile.